A partir de que el Estado ecuatoriano asumió oficialmente la alfabetización de adultos (1963), ésta ha estado tradicionalmente ubicada dentro del Ministerio de Educación (MEC), bajo la responsabilidad de una dirección marginada dentro del MEC, hoy llamada DINEPP, con escasos recursos y con nombres cambiantes -educación no-formal, educación no-escolarizada, educación compensatoria, educación popular permanente- revelando entre otros la inestabilidad y la falta de identidad de este campo. El MEC bonifica a quienes se dedican a esta tarea (por lo que se les conoce como “Bonificados”), que por lo general no son docentes profesionales y cuyo número se estima en alrededor de 10.000. También la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe (DINEIB), adscrita al MEC, viene desarrollando sus propios programas de alfabetización en Kichwa y otras lenguas indígenas.
Otras instancias vinculadas a la cuestión educativa son el Ministerio de Bienestar Social (MBS) y el INNFA (Instituto Nacional del Niño y la Familia) - este último ente autónomo coordinado por la Primera Dama, en cada caso - , los cuales desarrollan sobre todo programas para la primera infancia, adolescentes y jóvenes. A pesar de que existe un Frente Social – instancia que aglutina a todos los ministerios de esta área- así como múltiples organismos gubernamentales y no-gubernamentales encargados de coordinar y vigilar el tema niñez y el tema educación, persiste la fragmentación y la descoordinación de esfuerzos entre todas estas instituciones, cada una con sus respectivas políticas, programas y planes.
El involucramiento de la sociedad civil en las tareas de la alfabetización de adultos tiene una larga trayectoria y tradición en el Ecuador. De hecho, la primera iniciativa alfabetizadora a escala nacional y por casi dos décadas (1944-1961), la llevaron a cabo dos asociaciones civiles: la Unión Nacional de Periodistas (UNP) y la Liga Alfabetizadora del Ecuador (LAE). Desde entonces, el Estado ha convocado siempre a la sociedad civil para las sucesivas campañas y programas de alfabetización, contando especialmente con los jóvenes estudiantes, los docentes, los colegios profesionales, y los voluntarios en cada barrio y comunidad. Asimismo, muchos movimientos sociales y organizaciones de base mantienen sus propios programas de alfabetización, al igual que algunas ONGs, colegios públicos y privados, y universidades. Además de la sociedad civil, la Iglesia ha tenido siempre un papel preponderante en la alfabetización; en los últimos tiempos, la empresa privada también ha hecho aportes, particularmente los diarios y las empresas editoriales. Cabe resaltar, al mismo tiempo, que ninguna de las tres consultas nacionales sobre el tema educativo – Consulta Nacional Siglo XXI (1991, 1996 y 2004)- ha tocado el tema de la alfabetización de manera específica. Dentro del ya de por sí bajo presupuesto educativo (la Constitución establece que debe asignarse el 30% del presupuesto para la educación), el destinado a alfabetización y educación básica de jóvenes y adultos, así como a la educación intercultural bilingüe, suelen ser los más desatendidos. Cabe tener en cuenta además que lo planificado anualmente en la pro forma presupuestaria, e incluso lo oficialmente asignado, no necesariamente coincide con la realidad. Así, por ejemplo, el presupuesto (solicitado en el 2003, a inicios del actual período de gobierno) para la Minga Nacional para un Ecuador que Lee y Escribe, no llegó a hacerse efectivo, aunque consta en el presupuesto de la educación para el 2004 (tabla 9). La ruptura de la alianza de gobierno y la discontinuidad en la gestión del MEC determinó el abandono de dicha Minga y su sustitución por una “Minga de la Esperanza”, en convenio con la UNE, el sindicato docente. Presiones políticas, económicas y gremiales (en este caso, la posibilidad de un subsidio a los maestros sin pasar por un aumento salarial) terminan configurando la política educativa y los presupuestos más allá de toda planificación y cálculo racional.
El involucramiento de la sociedad civil en las tareas de la alfabetización de adultos tiene una larga trayectoria y tradición en el Ecuador. De hecho, la primera iniciativa alfabetizadora a escala nacional y por casi dos décadas (1944-1961), la llevaron a cabo dos asociaciones civiles: la Unión Nacional de Periodistas (UNP) y la Liga Alfabetizadora del Ecuador (LAE). Desde entonces, el Estado ha convocado siempre a la sociedad civil para las sucesivas campañas y programas de alfabetización, contando especialmente con los jóvenes estudiantes, los docentes, los colegios profesionales, y los voluntarios en cada barrio y comunidad. Asimismo, muchos movimientos sociales y organizaciones de base mantienen sus propios programas de alfabetización, al igual que algunas ONGs, colegios públicos y privados, y universidades. Además de la sociedad civil, la Iglesia ha tenido siempre un papel preponderante en la alfabetización; en los últimos tiempos, la empresa privada también ha hecho aportes, particularmente los diarios y las empresas editoriales. Cabe resaltar, al mismo tiempo, que ninguna de las tres consultas nacionales sobre el tema educativo – Consulta Nacional Siglo XXI (1991, 1996 y 2004)- ha tocado el tema de la alfabetización de manera específica. Dentro del ya de por sí bajo presupuesto educativo (la Constitución establece que debe asignarse el 30% del presupuesto para la educación), el destinado a alfabetización y educación básica de jóvenes y adultos, así como a la educación intercultural bilingüe, suelen ser los más desatendidos. Cabe tener en cuenta además que lo planificado anualmente en la pro forma presupuestaria, e incluso lo oficialmente asignado, no necesariamente coincide con la realidad. Así, por ejemplo, el presupuesto (solicitado en el 2003, a inicios del actual período de gobierno) para la Minga Nacional para un Ecuador que Lee y Escribe, no llegó a hacerse efectivo, aunque consta en el presupuesto de la educación para el 2004 (tabla 9). La ruptura de la alianza de gobierno y la discontinuidad en la gestión del MEC determinó el abandono de dicha Minga y su sustitución por una “Minga de la Esperanza”, en convenio con la UNE, el sindicato docente. Presiones políticas, económicas y gremiales (en este caso, la posibilidad de un subsidio a los maestros sin pasar por un aumento salarial) terminan configurando la política educativa y los presupuestos más allá de toda planificación y cálculo racional.
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